Grecia: una guerra civil, aunque no tal como la conocemos

Posted on 8 Mai 2012

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Antonis Vradis | Publicado en Aljazeera

El 1 de abril de 2012, dos ministros de la coalición de gobierno griega ofrecieron una rueda de prensa conjunta: Michalis Chrisochoidis, ministro de Protección Ciudadana (administración de la policía) y Andreas Loverdos, ministro de Salud y Solidaridad Social, reclamaron que se abordase inmediatamente la cuestión de la inmigración indocumentada en el país. La presencia de los inmigrantes, según sus palabras, había convertido Atenas en una “bomba higiénica”. Ambos anunciaron una serie de medidas que incluyen la expedición obligatoria de un certificado de salud para todos los inmigrantes que entren y residan en Grecia. Días antes, Chrisochoidis había anunciado, en nombre de la coalición de gobierno, un ambicioso plan para crear 30 así llamados “centros cerrados de hospitalidad”: antiguas bases militares reconvertidas en centros de detención para inmigrantes indocumentados que serían arrestados en masa antes de ser deportados.

Los anuncios llegaron unas semanas antes de las elecciones del 6 de mayo de 2012 y, es destacable, sólo unos días después de la publicación en castellano de una entrevista al teórico cultural y urbanista francés Paul Virilio –titulada La administración del miedo– en la que este identifica cómo se ha establecido “una ideología dual sobre la salud y la seguridad” en los estados occidentales que, incapaces de ofrecer por más tiempo a sus ciudadanos las prerrogativas del estado de bienestar, las sustituyen por el argumento de que sí pueden, en cambio, garantizar su seguridad.

¿Es cierto eso? Pensemos en el caso griego por un momento. Un país que experimenta algunos de las consecuencias más escalofriantes de la reciente crisis financiera global y que anticipa, al 6 de mayo, las primeras elecciones desde el estallido de la crisis. Uno habría pensado que esta crisis y su impacto sobre las condiciones de vida de la población o los modos de representación política habría ocupado el centro de la discusión (actualmente, Grecia está gobernada por una coalición de gobierno liderada por Lucas Papademos, economista y primer ministro interino). De hecho, el impacto de la crisis era central en el discurso público antes del anuncio de las elecciones, que es cuando ocurrió el giro anti-inmigración. Sería fácil, entonces, atribuir este cambio retórico a un intento de atraer a un cuerpo electoral que, enfrentado a un rápido deterioro de su calidad de vida, parece haber dado, al menos parcialmente, un giro desasosegante. De acuerdo con el razonamiento de Virilio, poco habría que ofrecer más allá de una promesa de seguridad.

Pero el discurso dominante en Grecia parece en rápida escalada hacia la xenofobia. Poco después de la rueda de prensa, Antonis Samaras, el socio de gobierno conservador, líder de Nueva Democracia (Nea Demokratia), y promovido como próximo primer ministro, metió rápidamente la cuchara (e incluso subió la apuesta) al declarar: “Nuestras ciudades han sido ocupadas por los inmigrantes ilegales. Volveremos a ocuparlas”. Un tono tan marcial en las denuncias de los líderes políticos podría parecer peculiar a primera vista. En un país que todavía es pleno miembro de la Unión Europea, que todavía disfruta de uno de los períodos de paz más largos de su turbulenta historia reciente, los políticos emplean un lenguaje bélico. De todas formas, usan este lenguaje solo cuando se trata de enemigos externos. Para los asuntos domésticos, la economía, la representación política, el discurso apenas ha cambiado, si es que lo ha hecho en absoluto, aunque la sociedad griega haya experimentado algunos de los cambios más bruscos en la historia del país en tiempos de paz.

Las víctimas ocultas de la reestructuración económica

Sólo dos años después de que el gobierno griego firmase su primer memorándum con la así llamada “troika” (FMI/UE/BCE), el radical programa de reestructuración que lo acompañaba ha tenido resultados cataclísmicos. En abril de 2012, un mes antes de la firma del primer memorándum, las cifras de paro oficiales se mantenían en un 11,7 por ciento. Menos de dos años después (enero de 2012), esa cifra había ascendido al 21,8 por ciento. En el mismo mes, el Servicio Nacional de  Estadística (ELSTAT) informó de que el paro juvenil afectaba ya, por primera vez, a más de la mitad de ese grupo de población (entre 15 y 24 años). En un 50,8 por ciento, la cifra se había más que doblado en tres años. Y estos números no alcanzar a describir el resto del cuadro: el empleo informal o a tiempo partido, la precariedad salvaje, el rápido descenso de los salarios y las pensiones (el salario mínimo se rebajó aproximadamente un 20 por ciento). Esta condición se complementa con un espectacular aumento en los impuestos estatales (numerosos impuestos nuevos sumados al brusco incremento de los que ya existían) y, nada sorprendente, la mayor ola de inmigración documentada en las estadísticas oficiales hasta el momento, en parte debido a la migración sin restricciones permitida a los ciudadanos de los países Schengen en toda el área. Por último, pero no por ello menos importante, Grecia ha registrado el mayor incremento en la tasa interanual de suicidios de la Unión Europea.

Al pensar en palabras como hambre, emigración en masa, “crisis humanitaria” (según un informe del Centro de Información Regional de la ONU y diversas ONG) y ciudades “ocupadas”, no se te podría reprochar que creyeses que describen una zona de guerra. Y para muchos de los que están experimentando sobre el terreno las cambiantes condiciones políticas y sociales, ya se parece mucho a eso. La nota de suicidio de Dimitris Christoulas, el pensionista de 77 años que cometió suicidio públicamente en la plaza Sintagma de Atenas, transmitía una ira inmensa: “ si un compañero griego empuñase un Kalashnikov”, escribió Christoulas, “yo sería el segundo en hacerlo”.

Una realidad incivil y una guerra civil tácita

El suicidio de Christoulas recibió una amplia y compasiva cobertura en los medios nacionales y rompió, momentáneamente, el velo de silencio sobre la ola de suicidios que volvió a tenderse de nuevo solo dos días después, cuando Savas Metoikidis, un profesor de 45 años, también acabó con su vida en un acto de protesta política. Aún así, lo que se silenció en el caso de Christoulas es que su nota de suicido reclamaba un levantamiento armado, que “los jóvenes sin futuro, … empuñen las armas y cuelguen a los que han traicionado al país”. La disparidad entre la nota que dejó Christoulas y la cobertura mediática, que “condenó” ampliamente por violentas las refriegas que siguieron a su muerte y su funeral, ejemplifican el discurso oficial que ha oscurecido las causas fundamentales de la crisis, suavizando la descripción de sus efectos y proyectando, finalmente, un lenguaje de guerra sobre “los de fuera”, siendo “los de fuera” desde los centros de poder extranjeros (Alemania, la UE) hasta los inmigrantes indocumentados.

No resulta sorprendente, entonces, que el grupo neonazi Amanecer Dorado se haya visto aupado desde los márgenes políticos y sociales al espacio central del discurso público, con oportunidades más que reales de entrar en el próximo parlamento. (N.de la T.: consiguieron 21 escaños en las elecciones del 6 de mayo.)

Pero el caso de Amanecer Dorado es típico de otra condición peculiar, más amplia. Pues a pesar de sus conexiones obvias con la ideología y las actividades neo-nazis, el grupo rechaza esta etiqueta y opta por la ostensiblemente más suave de “movimiento nacionalista”. Amanecer Dorado son los así llamados nacionalistas. Chrisochoidis es un ministro para la así llamada Protección Ciudadana (un eufemismo para la administración de la policía griega, cuyo record de abuso de los derechos humanos se está volviendo notorio) y Loverdos es el ministro de la así llamada Solidaridad Social (a duras penas lo que cabría esperar de la emisión de certificados de salud obligatorios para todos los inmigrantes). La reestructuración sin precedentes de la vida política, económica y social del país no se articula más allá de así llamados memorándums y de la necesidad de acatarlos: en conjunto, incluso si las condiciones de la vida cotidiana en Grecia se acercan más y más a las de los tiempos de guerra, esta guerra todavía se parece poco a los conflictos armados del pasado reciente del país. Si esto es una guerra, es una guerra civil, no Civil: una guerra en la cual las feroces condiciones a las que se enfrenta una proporción cada vez mayor de la población se articulan en un tono remarcablemente contenido, civil.

Con una disparidad creciente entre los acontecimientos sobre el terreno y su articulación, solo es cuestión de tiempo antes de que el plexo del poder tenga que declarar una guerra en alguna dirección, una manera probada de mantener su legitimación. En este sentido, apenas sorprende ver que esta guerra se libra contra los más débiles, el discurso xenófobo se extiende y los seguidores nazis se introducen en los canales de la representación política dominante. Para muchos, la introducción de un tono marcial en el discurso oficial revela finalmente, incluso si lo hace de manera sesgada, una guerra antes no declarada que se ha estado librando domésticamente y sobre el terreno. Hasta ahora había sido una guerra sin palabras; en los últimos días y semanas, se ha convertido en una guerra de falsas palabras. Lo más importante es si y cuándo la condición combatiente de Grecia se articulará de manera coherente, y si y cuándo se levantará este velo de civilidad sobre una sociedad que ya está en guerra.

Antonis Vradis es doctorando en la London School of Economics, co-editor del libro Revolt and Crisis in Greece [AK Press, 2011], miembro del colectivo Occupied London y Editor de Alternativas de CITY.

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Posted in: Stásis