Anomia. Sobre la desobediencia civil y democrática

Posted on 12 Abril 2012

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Costas Douzinas | Greek Left Review

El ministro de Transportes griego, Dimitris Reppas, declaró a principios de febrero que el gobierno no permitirá que Grecia quede expuesta “al riesgo del descrédito internacional y a la marginación, que es el destino de los países caracterizados por la anomia. El ataque a la aceptación social de los que no pagan el transporte público y el desmantelamiento político de este simulacro de progresismo es primordial”.

El abrumado ministro se refería a las protestas masivas en que se ha visto atrapada Grecia durante el último mes. Se incluye aquí el movimiento “no puedo pagar, no pago”, que anima a la gente a que deje de pagar los peajes abusivos en las atroces carreteras griegas o las tarifas del transporte público, que subieron un 40% a principios de febrero. Los médicos de los hospitales públicos han estado en huelga durante una semana y han ocupado el ministerio de Salud; las huelgas de los empleados del transporte público, que se han sucedido a pesar de las reiteradas decisiones de los juzgados de considerarlas fuera de la ley, han llevado a Atenas a una parálisis permanente. Una amenaza de huelga de los agricultores completa el cuadro. Grecia ha entrado en un periodo de crisis de la gobernanza y la legitimidad, subrayada por la condena emitida la semana pasada por la Corte Europea de Derechos Humanos por la inhumanidad en el trato a los refugiados. Cuando los gobiernos empiezan a reclamar que los ciudadanos tienen la obligación absoluta de obedecer la ley, reconocen implícitamente que sus políticas han fallado y lo mismo ocurre con su autoridad moral.

Cuando las políticas y las leyes se vuelven inejecutables porque se extiende la desobediencia, queda claro que un gobierno está perdiendo su legitimidad. La referencia del ministro a la anomia en lugar de a la paranomia (a la no legalidad en vez de a la ilegalidad) fue bastante interesante. Lo que llamó “anomia” en su ignorancia y desesperación, es lo que la teoría política y legal analiza bajo el término “desobediencia civil”. Desde Antígona a las campañas por los derechos de los trabajadores, los pacifistas, los sufragistas, los objetores de conciencia y los luchadores por los derechos civiles, la desobediencia no es ilegalidad. Es el signo externo de la conciencia moral y la fidelidad política a los principios de la justicia y la democracia. La desobediencia es tanto el acto moral más elevado como un acontecimiento político colectivo. A través de la historia, ha cambiado regímenes, constituciones y leyes, tal como lo vemos en Egipto.

La desobediencia masiva contra la discriminación racial y la guerra del Vietnam en los Estados Unidos en los años 60 y 70 condujo a un importante debate entre jueces y filósofos políticos que, extrañamente, los comentaristas “liberales” griegos parecen haber olvidado. El debate concluyó que en ciertas circunstancias la desobediencia no sólo está permitida sino que es necesaria, y que los tribunales deben proteger a aquellos que la asumen. El argumento, que se deriva de la filosofía liberal clásica, seguía así. El poder político es legítimo cuando promueve la autonomía individual. En su versión rousseauniana, nosotros, las personas, somos al mismo tiempo legisladores y sujetos, amos y siervos. Los ciudadanos han dado su consentimiento implícito a la constitución y al gobierno en un contrato social, real o virtual, y han prometido su obediencia a cambio de leyes que promuevan el bien común y la justicia.

Pero el hecho de que no hayamos elegido dónde nacer y vivir hace que la discrepancia sea una parte integral de las disposiciones constitucionales con su presunto consentimiento. Nuestra aceptación implícita de una forma constitucional y la promesa asociada de obedecer al gobierno no significa una aceptación ciega de sus políticas específicas. Una política controvertida o errónea no es automáticamente legítima porque haya sido promulgada en el Parlamento y se haya convertido en una ley. Por el contrario, en este punto la legalidad y la legitimidad siguen caminos distintos. Los partidos en la oposición continúan sus campañas para revocarla, los ciudadanos comunes siguen con su lucha en la calle. Y aquí es donde entran en escena el derecho a y la obligación de la desobediencia civil.

La idea de un contrato social fue un constructo ideológico difícil de creer en el siglo XVIII e imposible de aceptar hoy, algo que hace tan contraintuitivo el pensamiento de John Rawls. Pero la ideología no es falsa conciencia, es un conjunto de ficciones que crea las “realidades” de nuestras vidas. Siguiendo la ficción liberal, si las leyes estatales y las políticas entran en conflicto con principios constitucionales básicos, que supuestamente son la más alta expresión de soberanía popular, la obligación de obedecer desaparece y la discrepancia sustituye al consenso como apoyo a la constitución. Existe un argumento adicional: cuando la ley ha caído en descrédito, las peticiones de obediencia resultan débiles y contradictorias. Durante muchos años, el sistema legal griego y sus patrones políticos fracasaron en la persecución de la corrupción, la evasión de impuestos y los crímenes relacionados con el poder y la riqueza. Que hoy apelen a la “majestad” de la ley resulta hipócrita y poco convincente. Durante demasiado tiempo, el imperio de la ley en Grecia ha estado asociado al imperio de los políticos poderosos, los empresarios  adinerados y sus promotores en los medios de comunicación.

El argumento constitucional para la desobediencia civil se ajusta a la perfección al caso griego. Los procedimientos constitucionales básicos han sido violados por la adopción del memorando de la UE y el Banco Central Europeo, y los derechos sociales y económicos claves han sido violados por sus provisiones. Estas medidas deberían ser suficientes para justificar la desobediencia. Pero las fuentes de desafección y las justificaciones de la desobediencia son mucho más profundas. Las teorías sobre la desobediencia civil y los argumentos constitucionales de los años 60 han sido superados en todo el mundo por un nuevo tipo de desobediencia democrática que intenta oponerse a la decadencia de nuestras políticas post-democráticas, e invertirlas.

Costas Douzinas, catedrático de Derecho y director del Instituto de Humanidades del Birkbeck College, de la Universidad de Londres.

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